La Empresa Pública de Salud (EPS) ha confirmado oficialmente que cuenta con la autorización legal necesaria para atender solicitudes de eutanasia asistida en Ecuador. Este reconocimiento llega tras una larga trayectoria de la activista María Consuelo Córdoba, quien volvió a exigir públicamente el derecho al fin de vida digno después de 26 años conviviendo con las secuelas físicas y emocionales derivadas de un ataque con ácido.
La entidad sanitaria detalló que la habilitación para proceder con estas solicitudes no es una novedad administrativa reciente, sino que está vigente desde hace cuatro años. Esta aclaración técnica busca poner orden en el debate público, estableciendo que el marco normativo y los procedimientos internos ya permiten la ejecución de estos casos, siempre que se cumplan estrictamente los protocolos médicos y legales vigentes.
La reiterada petición de Córdoba ha puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de aplicar eficazmente las normas existentes. Para la ciudadanía y para las autoridades locales del Guayas, este caso resalta la importancia de garantizar el cumplimiento de los derechos de los pacientes y la transparencia en la gestión de la salud pública, asegurando que las herramientas legales estén al alcance de quienes más lo necesitan.
