La relación entre el sistema de justicia y el ejecutivo nacional ha generado una profunda preocupación en la provincia de Guayas. Según un análisis reciente publicado por Expreso, se evidencia un escenario donde el Gobierno parece imponer su voluntad sobre los tribunales bajo lo que describe como un 'régimen de terror'. Este contexto no es solo una cuestión teórica, sino que tiene implicaciones directas para la estabilidad institucional y el estado de derecho en las 25 cantones de nuestra provincia.
El reporte señala que el mensaje de intimidación es claro y tácito: cuando un juez o abogado observa que sus colegas son denunciados penalmente o reciben amenazas, no requiere una llamada directa para entender la situación. El ambiente de presión ya está presente. Para el sector productivo guayaquileño, esta dinámica representa un riesgo significativo, ya que la seguridad jurídica es un pilar fundamental para las inversiones y el libre mercado.
En Guayas, donde la iniciativa privada y la eficiencia del Estado son prioridades, la percepción de que la justicia puede ser utilizada como herramienta de coacción afecta la confianza de los inversionistas. La independencia judicial es clave para garantizar que las disputas comerciales y civiles se resuelvan con base en la ley, no en el miedo a represalias políticas. Sin garantías claras para los operadores legales, la certeza jurídica se debilita.
La comunidad empresarial y ciudadana del Guayas exige transparencia y respeto por las instituciones. Es fundamental que las autoridades nacionales y locales, incluyendo a la Prefectura y GADs municipales, fortalezcan el marco legal para proteger la integridad de los jueces y abogados. Solo así se podrá asegurar un entorno seguro y predecible, esencial para el desarrollo económico y la paz social en la provincia.
