Gestión pública
El presidente Daniel Noboa y la secretaria Irene Vélez informaron sobre las acciones del Gobierno en seguridad fronteriza y economía durante una entrevista oficial.
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La Corte Constitucional desestimó la acción de protección de Mahuad en 2025, manteniendo abierto el debate sobre el peculado y la responsabilidad patrimonial del expresidente.
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Análisis sobre la renovación democrática en el Guayas, destacando la necesidad de reducir la verticalidad institucional para fomentar una mayor participación horizontal y eficiencia estatal.
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Un centenar de denuncias impulsan investigación legislativa sobre supuestos aumentos salariales injustificados a alcaldes y prefectos; informe final se debe presentar antes de fin de septiembre.
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El Gobierno ecuatoriano, a través de su canal oficial, anuncia que más familias acceden a título de propiedad, fortaleciendo el patrimonio familiar y formalizando la vivienda.
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El desarrollo de Guayas depende de combatir la inseguridad y el odio mediante un estado eficiente que garantice la seguridad ciudadana y el libre mercado como motores de progreso.
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El jueves, la Asamblea Nacional inició el debate de una nueva ley que endurece las penas contra mafias, con cárcel de hasta 30 años para cabecillas y financistas, crucial para la seguridad en Guayas.
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El bloque oficialista reacomoda la Asamblea Nacional asegurando liderazgos en tres comisiones, mientras persiste el enfrentamiento con el correísmo en Gobiernos Autónomos y resta definir la vocalía del CAL.
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El TCE programará una audiencia para resolver la denuncia del CNE contra Pachakutik por presuntas irregularidades en las cuentas de campaña de la consulta popular de 2024.
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La Fiscalía investigó a Navila Dieb y sus hermanos por lavado de activos tras un reporte de la UAFE sobre operaciones financieras entre 2020 y marzo de 2026 vinculadas a la gestión de Aquiles Álvarez.
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El debate sobre la autodeterminación de los pueblos se intensifica por la situación en los enclaves, marcando agrios tiempos de tensión política y territorial.
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Análisis sobre la necesidad de exigir a las autoridades y líderes en Guayas el estricto cumplimiento de la ley como base para una convivencia social estable y ordenada.